La fuerte crisis del sector afecta al servicio y a los trabajadores. En APTS se resisten al desbloqueo de título.
Desde que comenzó la gestión de Claudio Poggi el 10 de diciembre del año pasado, el servicio de la Salud Pública fue el primero en el que se aplicó su receta de ajuste. Todo empezó cuando a fin del año pasado se pagó el primer salario desdoblado y a una importante cantidad de técnicos y profesionales, además, no les abonaron ni un peso. Así comenzó también la lucha de los trabajadores, quienes empezaron a sentir en carne propia lo que el Gobierno les tenía preparado. Tras la fallida audiencia de conciliación con el Ejecutivo, esta semana los trabajadores intensifican las protestas. Entre los reclamos principales está una urgente recomposición salarial y el rechazo al desbloqueo de título.
Una de las víctimas de esta política de ajuste feroz ha sido la médica cirujana mendocina María Florencia Barbera, quien llegó a la provincia el año pasado para desempeñarse en el staff del servicio de cirugía del “Ramón Carrillo” y, además, como coordinadora de los residentes. En la carta que le envió al Gobernador, la profesional explica en detalle la crítica situación de la salud.
En enero empezaron las quejas y las asambleas en el hall de los hospitales, algo que los nuevos funcionarios de Salud dejaron en claro que no iban a tolerar, y lanzaron su primera medida: amedrentar y amenazar al personal “díscolo”.
En febrero, los reclamos seguían multiplicándose y, además, pedían que se pagara la nueva escala salarial que debía abonarse ese mes, más el bono por 70 mil pesos que ya había sido acordado.
El 29 de febrero, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 1766/2024, donde se le otorgó un monto no reintegrable por $22.088.417.804 al Hospital Central “Ramón Carrillo” para el ejercicio financiero 2024.
Así llegó marzo, que también trajo nuevas medidas de fuerza como retención de tareas y paros de 24 horas. Pero también la presión de los funcionarios sobre el personal siguió en aumento y el Gobierno desplegó su segunda medida en abril: los despidos indiscriminados en el Hospital Central.
Este mes comenzó con dos atropellos: la amenaza de trasladar el Centro Oncológico a las instalaciones del “Ramón Carrillo”, que obligó a los propios pacientes y sus familiares a salir a la calle para reclamar por ese servicio que funcionaba sin problemas hasta la llegada de Poggi a Terrazas del Portezuelo. Finalmente, debió ceder en su inexplicable actitud y por ahora, en las instalaciones de la exresidencia del Gobernador seguirán cumpliendo con la función que se les encomendó a partir de mayo de 2019.
Y junto con el traslado del Oncológico, también arremetieron contra el Laboratorio Provincial “Dalmiro Pérez Laborda”, donde las autoridades atacaron al grupo de profesionales con la intención de desmantelarlo. Por lo pronto, a siete de ellos ya les avisaron que serán “reasignados”.
La tercera medida que aplicó el Gobierno se conoció en la semana, cuando llegó al Senado provincial el proyecto del Ejecutivo que permite el desbloqueo de título para que los técnicos y profesionales de la Carrera Sanitaria puedan ejercer —a la vez— en el sector privado.
Esta última decisión generó el rechazo del gremio APTS, que representa a técnicos y profesionales de la salud. Pero también provocó que los autoconvocados anuncien que este miércoles realizarán una marcha de los integrantes de los equipos de salud de la Carrera Sanitaria en San Luis y Villa Mercedes para exigir la recomposición salarial. Los mercedinos están convocados a las 17:45 en la plaza San Martín y a la misma hora se concentrarán en la capital en la esquina del Correo Argentino (San Martín y avenida Illia).
fuente: el diario de la república
