Por haber desbaratado el Mecanismo Nacional de Combate y Prevención de la Tortura
El gobierno de Brasil desguazó el organismo que Dilma Rousseff creó hace seis años para inspeccionar, realizar entrevistas y solicitar documentación en cárceles, hospitales psiquiátricos e institutos de atención a adictos.
El informe sostiene que, con el desguace del organismo, Bolsonaro liberó a los agentes de un sistema penitenciario brutal que aloja a más de 700.000 internos: en Brasil hay un “gran número de personas privadas de su libertad en condiciones precarias en cárceles superpobladas donde ocurren muertes violentas, motines”, indica el reporte presentado por los expertos del Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura. Que además reveló que tomó nota de un “número significativo de denuncias de torturas y malos tratos” ocurridos en las cárceles, a la vez que sostuvo que, en vez de “debilitar”, las autoridades brasileñas deberían “robustecer” el Mecanismo de Combate de la Tortura.
Una serie de informes elaborados por el Mecanismo habían advertido sobre la corrupción y la violencia imperante en varios presidios de la región amazónica antes de que en 2017 se iniciara una ola de motines finalizada en julio pasado, que dejó cerca de 200 muertos, con unos 50 degollados. El Mecanismo fue prácticamente destruido a través del decreto presidencial 9.831 publicado el 10 de junio pasado por Bolsonaro. Sus peritos de hecho dejaron de recibir salarios.
Brasil está obligado a considerar las recomendaciones de la ONU por haber firmado en 2007, durante el gobierno de Luis Inácio Lula da Silva, el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. Vale recordar que Bolsonaro ya tiene un pedido de procesamiento ante el Tribunal Penal Internacional, presentado en noviembre, y una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU sustanciada en setiembre.
