Ni lento ni perezoso, el Gobierno de Mauricio Macri quiere tener el reaseguro de su último negocio millonario. Con el boleto de salida del poder comprado, el Presidente apunta a traspasar las tierras del Puerto de Buenos Aires, hoy federales, a territorio porteño, distrito que confía conservar en amarillo después del 10 de diciembre. Ante este panorama, los trabajadores se declararon en estado de alerta y exigieron explicaciones.
La Asociación de Personal de Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos (APDFA) declaró el estado de alerta permanente hasta que se tengan precisiones sobre el futuro de la jurisdicción y competencia del único puerto federal del país. Tomaron esta medida ya que, en base a publicaciones periodísticas y rumores que comenzaron a circular hace unas semanas, el Poder Ejecutivo podría avanzar “en el dictado de un inminente Decreto de Necesidad y Urgencia” para concretar el traspaso.
Como reveló El Destape desde el 16 de agosto, hace al menos dos años el Gobierno avanza con el diseño de un nuevo puerto que, en lugar de estar operado por tres empresas como ocurre actualmente, pasaría a depender de una sola concesión. Según explicaron a este medio, eso pondría en riesgo el control nacional sobre el comercio ya que el 60% de los productos que ingresan al país estarían en manos de una sola empresa que es extranjera. Ésto generaría un monopolio muy difícil de controlar por parte de las autoridades.
Además, la reducción de empresas derivará en el consiguiente achicamiento del Puerto y la pérdida de miles de puestos de trabajo.
Ante esta situación, desde APDFA enviaron una nota al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, el subsecretario de Puertos, Mariano Saúl, el interventor de la Administración General de Puertos, Gonzalo Mórtola, y al titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Ramón Lanus. En la misiva expresaron que el avance de esta política “implicaría a todas luces un vaciamiento sistemático hacia el único Puerto Federal que tiene la República Argentina, con la consiguiente afectación del ejercicio soberano de su comercio internacional”.
Dado que las tierras del puerto son nacionales, desde el gremio advirtió que no puede avanzarse en su venta sin una autorización del Gobierno nacional por lo que ir en contra de esta directiva sería contraria a derecho e inconstitucional ya que el Ejecutivo “se estaría arrogando prerrogativas que no tiene en la materia” y que, además, “demostraría a las claras la voluntad del poder político gobernante de despojar a la nación del pleno ejercicio del control soberano sobre el comercio exterior” al permitir y fomentar la creación de un nuevo monopolio por 50 años.
Como contó El Destape, la concesión sería por 35 años con la posibilidad de prorrogarla por otros 15. O sea, cinco décadas de entrega del Puerto a una sola empresa. Si bien aún no se presentó, suena con fuerza una compañía de Singapur, de donde Nicolás Caputo es cónsul. De todos modos, aunque ésta no sea la firma que se quede efectivamente con el Puerto, cualquiera que lo haga y concentre el comercio exterior se convertirá en un problema para la Argentina, alertaron a este medio. Fuente: El Destape Web.
