La llamada “Ley Justina”, establece que toda persona es donante de órganos, salvo que expresamente manifieste lo contrario; mientras la más conocida como “Ley Brisa”, fija una reparación histórica para todos aquellos menores de 21 años cuyas madres fueron asesinadas por su progenitor.
La “Ley Justina” fue inspirada en el caso de Justina Lo Cane, una menor de 12 años que murió en noviembre de 2017, en la Fundación Favaloro mientras aguardaba un trasplante de corazón. Esta ley establece que todas las personas son donantes, salvo que en vida hayan expresado lo contrario, y habilita la ablación de órganos y/o tejidos de toda persona capaz mayor de 18 años que no haya dejado constancia expresa de su negativa.
Luego vino el debate de la adhesión a la “Ley Brisa”, la cual tuvo su origen en trágico caso de Brisa Barrionuevo, cuya madre fue asesinada por su padre, quien ahora está preso por el crimen. Esta ley consiste en una reparación mensual para niños y niñas cuyo padre o madre (o progenitor afín) haya sido procesados o condenados por el homicidio contra su otro padre o madre o progenitor afín. Esta reparación es equivalente a una asignación universal por hijo y se ajusta por la inflación que indica el INDEC. Hasta los 18 años, la suma la reciben los representantes legales que le sean asignados (que nunca puede ser el homicida) al niño o niña. Luego, entre los 18 y los 21, es el niño o niña quien directamente lo cobra. La Gaceta Digital
