El Secretario Legal y Técnico, Ignacio Campos; el director del Observatorio de Derechos Humanos, Facundo Suárez Amieva, y Francisco Ledesma, informaron acerca de los trámites que realizó el Ejército ante la Justicia Federal para recuperar La Amalia como campo de prácticas militares. “No hemos sido notificados oficialmente”, dijo Ignacio Campos, quien adelantó que “esta petición carece absolutamente de sentido”.
Campos dijo que había “dos cuestiones: En primer término, el gobierno de la Nación hace mucho tiempo dispuso por resolución desafectar estas tierras del Ejército y pasarlas a la AABE -Agencia de Administración de Bienes del Estado– No solo esa resolución comprende a La Amalia, sino a muchos otros terrenos en el país. Es decir que el Ejército Argentino no tiene más nada que ver con estos terrenos”.
En segundo lugar, el secretario explicó que el Municipio llevó a cabo “una serie de negociaciones y trámites a los fines de alcanzar la cesión de los terrenos por parte del Estado nacional al Municipio. Estas negociaciones finalmente fracasaron, después de varios intentos no se suscribió ningún acuerdo. Entonces el Municipio decidió llevar adelante la expropiación de los terrenos, que se funda en la Ordenanza que le asigna facultades al Municipio para este tipo de trámites. Con la expropiación no hay más posibilidades de que el Estado Nacional discuta para adquirir la propiedad por este método. Sí está en proceso de discusión judicial, en el juicio, el monto que se debe pagar por la expropiación”.
“La Municipalidad tiene la posesión de la totalidad del inmueble, no sólo judicialmente sino que es una cuestión fáctica ya que se ha avanzado muchísimo con la urbanización del predio. En la porción afectada por esta petición del Ejército Argentino está proyectado el Parque de la Memoria y esa parte va a ser preservada tal como está para evitar que desaparezcan estos símbolos de la época. El Ejército no tiene legitimación para pedir el predio ni derecho a hacerlo el Estado nacional. Nosotros recién hemos pedido participación para tomar conocimiento de la petición, pero no hay respuesta porque tiene un trámite procesal establecido que corre vista al Agente Fiscal, a las partes interesadas”.
Por su parte, Facundo Suárez Amieva dijo que “fue la APDH -en tanto querellante en expedientes de causas por detenidos desaparecidos- quien comunicó al Municipio sobre la petición que el Ejército realizó al Tribunal Oral Federal. En realidad fue la APDH quien nos informa a nosotros. Ellos fueron notificados y nosotros no. Nosotros estamos presentando el proyecto de construcción del Parque de la Memoria donde fue un centro de detención y tortura, tratando de preservar esa edificación que para nosotros es emblemática. Nos toma de sorpresa esta notificación justo cuando estamos presentando este proyecto”, expresó el director del Observatorio de Derechos Humanos.
Francisco Ledesma, dijo que “es llamativo que el Ejército pretenda realizar ejercicios militares en el predio La Amalia que está rodeado por una gran vecindad, con gente vulnerable socioeconómicamente. Hay una enorme cantidad de personas que ingresan al predio a buscar leña y ramas para cocinar y no sería muy saludable que haya 300 o 400 personas armadas haciendo ejercicios militares. Además, si el Ejército no pudo asegurar la seguridad de su tropa en un ejercicio en el que resultó muerto un joven puntano, qué será en La Amalia, con chicos que aparecen por todos lados entrampando pájaros o buscando leña”.
“Me parece que el juez debe ordenar al Ejército que deje de hacer las prácticas militares no sólo en Granja La Amalia, sino en cualquier predio de la provincia hasta tanto no se esclarezca el caso del soldado muerto en Salinas del Bebedero y ellos puedan garantizar la seguridad de su propia tropa y de toda la sociedad civil”.
“Es llamativo que a pocos días de la elección, sobre todo municipal, se pretenda crear confusión y miedo en los vecinos que están esperando la entrega de Tu techo, tu tierra. Yo creo que la intención ha sido generar confusión y caos para poner a la Municipalidad en situación de dar explicaciones a los inscriptos en algo que ya está claro. Los terrenos son municipales, los terrenos son de la ciudad. Ese predio en el que en la dictadura funcionó un centro de terror, hoy pertenece a los vecinos como un predio para viviendas y con un espacio para rescatar la memoria”.
“También hay que tener en cuenta que la fiscalía está ordenando excavaciones en busca de los restos de los desaparecidos y no hay certezas de que no estén enterrados en ese predio. Esta maniobra del Ejército también puede ser para entorpecer la investigación que llevan adelante organismos de derechos humanos y familiares en busca de los restos de los compañeros que nos faltan”, concluyó Ledesma.
Fuente:PELR
