Fue por unanimidad aunque con modificaciones y se convirtió en ordenanza. La medida alcanza sobre todo al servicio público de transporte urbano de pasajeros y tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020.   Permite revisar las condiciones de todos los contratos referidos a compras y contrataciones de bienes, servicios, suministros y obra pública, celebrados con anterioridad a  la presente ordenanza, y que se encuentran en curso de ejecución”, implicando la posibilidad de suspender, modificar, anular, rescindir y/o resolver las contrataciones en cuestión.