Unas 30 familias que viven en el kilómetro 23 de la Ruta nº 3 fueron estafadas por comprarles terrenos a personas que no eran las dueñas legales. En este momento el caso se encuentra en el Juzgado de Instrucción Penal Nº 1.
En el año 2013 llegaron familias a San Luis que buscaban donde vivir, entonces a través de un procedimiento de búsqueda se encontraron con una accesibilidad en el kilómetro 23 de la Ruta nº 3, en dirección hacia la Ruta nº 146, donde actualmente ya tienen construidas sus viviendas.
La facilidad de pagos que recibieron por parte de los supuestos dueños de los terrenos ayudó a que fuera una rápida venta y él les dio solo una mensura que delimita la zona de la que era dueño y un documento de juicio en trámite por posesión veinteañal -o usucapión, que es un modo de adquirir una propiedad. Además, firmaron el boleto de compra-venta frente a un escribano lo que les dio la seguridad que estaban comprando el lote en regla.
Una mañana de octubre de 2016, recibieron una notificación desde Fiscalía de Estado de la Provincia, que decía que habían sido denunciados por el Estado como usurpadores, por ocupar terrenos fiscales.
Los estafadores vendieron sin ser propietarios y los vecinos tomaron conciencia de esto demasiado tarde. Muchos ya habían pagado los terrenos, construyeron sus casas y fueron denunciados por el Estado como usurpadores.
El doctor Horacio Quevedo, es el abogado defensor de la mayoría de los vecinos que fueron víctimas de esta gran azaña.
“Para acreditar la buena fe de los vecinos realizaron una serie de denuncias de estafas que yo lo sugerí, contra Bustamante, sus esposa y su socio. Tengo el poder de los principales damnificados, además porque muchos ellos ya les han pagado todo el inmueble”, explicó el abogado.
“A principios de este año, el presunto delincuente lo que hace es iniciar un juicio de posesión de los inmuebles para dar cuenta que es el dueño e inmediatamente interviene Fiscalía de Estado con el juicio de posesión”, argumentó.
“Tengo relación con la doctora Guil, que es la representante de Fiscalía de Estado, ella conoce muy bien el tema, hemos trabajado en conjunto para tratar de acreditar que se cumplió el delito de estafa y que las familias compraron de buena Fe”, indicó Quevedo.
Entre otras irregularidades, los estafadores también fueron denunciados por conectarse clandestinamente a la red provincial de acueductos para proveer agua a los terrenos.
Estas personas vendieron lotes en una zona sin servicios básicos y vulneraron el derecho a la propiedad de los compradores, porque los padrones fueron bloqueados por el Estado, lo que clausuró la posibilidad de tramitar su escritura.
Mientras tanto, las familias viven rodeadas de un clima de incertidumbre e inestabilidad que no les permite planificar su futuro. La Justicia, como medida preventiva, aplicó la ley de no innovar, lo que prohíbe cualquier construcción o intervención sobre esas propiedades.
San Luis 24
